Proyecto de Ley del Aborto: el mayor atentado a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres desde 1939
El pasado viernes 20 de diciembre, se aprobó el proyecto de Ley del aborto en Consejo de Ministros, iniciándose así el procedimiento legal para tramitar el mayor retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos de nuestra historia. En Febrero se presentará ante un Congreso con mayoría absoluta del Partido Popular. De esta manera, el Gobierno ejecuta una de las pocas promesas electorales que ha cumplido, cediendo ante la presión ejercida por sus bases católicas integristas y ultraderechistas.
Es necesario recordar que la interrupción voluntaria del embarazo ha sido una práctica existente a lo largo de la historia. Las mujeres tradicionalmente han controlado su sexualidad y su reproducción, utilizando para ello conocimientos ancestrales transmitidos de generación en generación. Con la llegada de la edad contemporánea, la opresión patriarcal da una nueva vuelta de tuerca, complementándose con el sistema capitalista naciente. En ese contexto, el capital visualiza a la mujer como instrumento reproductor de la fuerza de trabajo y enseguida se da cuenta de la necesidad de controlar la sexualidad de la mujer en su propio beneficio. Así, los Códigos Penales de todos los nuevos estados liberales burgueses recogerán duras penas para la realización del aborto, ante lo cual la resistencia de las mujeres será inmediata, procurándose diferentes métodos anticonceptivos y de interrupción del embarazo, así como iniciando la lucha por el reconocimiento de esos derechos sexuales y reproductivos.
En el Estado español, el aborto se despenaliza por primera vez en 1936, siendo Ministra de Sanidad la anarquista Federica Montseny. Este avance legislativo durará poco, al ser derogada la legalidad republicana por la victoria militar del fascismo. De esta manera, se vuelve a la criminalización de las mujeres, a la discriminación social y a las muertes por abortos clandestinos. Con la llegada de la Transición y el crecimiento del movimiento feminista, se conseguirán grandes avances debidos a la presión popular. En 1978 se legalizará el uso de anticonceptivos y en 1985 se consigue la primera Ley del aborto, que supone un avance, aún a pesar de ser una Ley de plazos que se basa en tres supuestos legales, negando a la mujer la capacidad de decisión. Una nueva Ley de plazos, la de 2010, supuso otro paso más en el reconocimiento de la mujer como sujeto de decisión de la maternidad.
El anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros nos retrotrae a los años más oscuros del Franquismo, priorizando criterios religiosos a científicos y eliminando por completo la capacidad de decisión de la mujer sobre su maternidad.
¿Qué contempla el actual proyecto de Ley?
En primer lugar, el actual proyecto de Ley prevé únicamente dos supuestos legales para interrumpir el embarazo:
- Por un lado, se contempla que cuando el embarazo sea consecuencia de un delito contra la libertad o indemnidad sexual se podrá interrumpir la gestación en las doce primeras semanas tras interponer la correspondiente denuncia.
Este supuesto esconde una doble trampa. Aunque es difícil tener una cifra exacta, se calcula que entre el 60% y el 90% de las agresiones sexuales no se denuncian. A su vez, sólo se permite el aborto en esas 12 primeras semanas, como si la violación dejase de constituir un atentado contra la mujer después de ese plazo.
- Por otro lado, se contempla la interrupción del embarazo cuando exista un grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer, lo que se entenderá cuando el embarazo produzca un menoscabo importante en su salud, con permanencia o duración en el tiempo, según los conocimientos de la ciencia médica en ese momento. En estos casos, la interrupción de la gestación debe realizarse en las veintidós primeras semanas. Para acogerse a este supuesto será necesario un informe previo emitido por dos médicos especialistas en la patología que genera el grave peligro para la vida o la salud de la mujer y ajenos al centro donde se practique el aborto.
Este supuesto también esconde una trampa: ¿cómo se bareman los problemas psíquicos o psicológicos derivados de un embarazo no deseado? Así, la decisión de interrumpir el embarazo recae en manos de un médico y no en la propia mujer. Por tanto, se da un nuevo paso en la medicalización del cuerpo de la mujer, que nos aleja aún más del autoconocimiento del mismo.
Una novedad que incluye la Ley, es que las mujeres que quieran acogerse a la interrupción legal del embarazo deberán además, pasar obligatoriamente por un humillante “asesoramiento” personalizado para que en un plazo de siete días decidan si consienten expresamente el aborto. De esta manera, se infantiliza a la mujer, haciéndola reflexionar de nuevo sobre una decisión tomada previamente, convirtiendo la decisión personal en un juicio por parte de médicos y servicios sociales. Descarada manera de trasladar un confesionario religioso al ámbito civil, buscando generar un sentimiento de culpa en la mujer.
En este “asesoramiento”, los servicios sociales se encargarán por un lado de explicar que “la vida del no nacido constituye un bien jurídico protegido por la Constitución” y de realizar un estudio sobre “las circunstancias concretas de la mujer”, explicándole “las alternativas existentes a la interrupción voluntaria del embarazo”, como la guarda administrativa, el acogimiento o la adopción. Por otro lado, los médicos serán los encargados de informar a la mujer “de los riesgos del aborto para la salud y la maternidad futura, así como sobre el diagnóstico, aspectos médicos y psicosociales, y expectativas sobre la salud del feto”.
A esto hay que sumar que la malformación del feto ha sido eliminada de la lista de supuestos, mientras que por otro lado el mismo Gobierno realiza un recorte del 46’6% en presupuesto para dependencia en 2014.
Comparando con la actual Ley vigente, la del 2010, 9 de cada 10 abortos practicados serían ilegales. Parece ser que este Gobierno reaccionario prefiere nacimientos de niñ@s con gravísimos problemas de salud, en condiciones de miseria o fruto de embarazos no deseados, aceptando incluso que acaben en un centro de acogida, antes que permitir a la mujer decidir sobre su cuerpo y su embarazo. Como vemos, prima la voluntad religiosa-supersticiosa antes que la ciencia y la razón.
Infantilización de las menores de edad
Otra cambio en esta Ley es respecto a la decisión de interrumpir el embarazo de las menores de edad. A partir de ahora, las menores necesitarán el consentimiento de sus madres/padres o tutores, siendo prioritaria en caso de desacuerdo, la opinión de la mujer para la franja entre los 16 y 18, y la de l@s padres/madres o tutoras para las menores de 16.
Esto es de una hipocresía tremenda, si tenemos en cuenta que hasta ahora a partir de los 16 años se consideraba la madurez para decisiones médicas. Por ejemplo, no existe ninguna normativa que impida a un médico realizar una operación de cirugía estética a una persona menor de edad. Se infantiliza y se considera a la menor incapaz de decidir el aborto, pero no la decisión de ser madre.
¿Qué se busca con esta Ley?
Podemos decir que esta Ley va más allá de los criterios moralistas católicos sobre la “protección del feto”, sino que además lo que se busca es la victimización de la mujer y la negación de su capacidad de decidir autónomamente sobre su cuerpo y su sexualidad. La Ley despenaliza el aborto (aunque todavía no aclara si se podrán imponer sanciones económicas), considerando a la mujer como “víctima”, mientras que penalizará con prisión a quiénes faciliten la operación ilegalmente.
Por otro lado, se añade la posibilidad de la objeción de conciencia por parte del personal de los servicios públicos de salud, introduciendo así criterios no científicos e imposibilitando el acceso por motivos económicos a muchas mujeres. A su vez, la necesidad de informe médico en el segundo supuesto, puede conllevar al miedo por parte de lxs profesionales a firmar esos mismos en casos difíciles de demostrar (por ejemplo el riesgo psicológico que citamos antes), bajo la amenaza de prisión. En suma, ni siquiera bajo los dos supuestos citados el Estado asegura la interrupción del embarazo.
Por último, cabe mencionar que la Ley prohíbe la publicidad de los centros o de los servicios médicos o de los procedimientos para interrumpir voluntariamente un embarazo, medida totalmente oscurantista que hará aún más complicado el acceso al aborto incluso en centros privados.
Vemos entonces que la finalidad última de esta Ley es impedir por todos los medios la interrupción del embarazo, especialmente para las mujeres de la clase trabajadora.
Esta Ley es violencia de género. La juventud castellana debe responderla
Desde Yesca, la juventud castellana y revolucionaria, entendemos que esta Ley es un flagrante ejemplo de la violencia de género que se ejerce sobre nuestros cuerpos y nuestras sexualidades. Es violencia porque antepone criterios religiosos al conocimiento científico sobre la reproducción y la sexualidad de las personas. Es violencia porque niega la capacidad de decisión de la mujer sobre su embarazo, otorgándole más poder de decisión a sus tutores, médicos y asistentes sociales que a ella misma. Es violencia al condenar a decenas de miles de mujeres a cometer abortos clandestinos que ponen en riesgo su salud y su vida, o bien a recurrir al paso por clínicas en el extranjero -en caso de tener recursos económicos suficientes- que garanticen un aborto sin peligro.
Si no queremos ser madres nos obligan. Pero por otro lado, si queremos ser madres en condiciones de dignididad para nosotras y nuestr@s hij@s no podemos permitírnoslo. Con un 60% de paro juvenil, con una evidente discriminación laboral y salarial hacia la mujer, con la evidencia de los despidos por embarazo o la imposibilidad de compaginar maternidad y vida laboral, ¿cómo pretenden que seamos madres? Eso sin contar la contradicción evidente al impedir legalmente la cobertura sanitaria de la reproducción asistida para modelos familiares disidentes (madres solteras o parejas lesbianas).
Como jóvenes, tenemos la obligación de responder la aplicación de esta Ley, apostando por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y la de una legalidad que los asegure. Por otro lado, no sólo debemos esperar a la conquista de esa legalidad, sino que debemos ser capaces de tomar esos derechos por nuestra cuenta, mediante la desobediencia a la Ley y la reapropiación de nuestros cuerpos y sexualidades:
- Por una educación sexual integral y científica que barra con sus criterios oscurantistas.
- Por una política que garantice el acceso universal a los métodos anticonceptivos.
- Por la garantía del derecho al aborto libre y gratuito, bajo decisión de la mujer.
- Por la garantía del derecho a ser madres de una manera digna y de la manera que se desee.
Contra el patriarcado y su violencia, ¡empoderamiento y desobediencia!
¡Castilla libre y feminista!
Yesca, la juventud castellana y revolucionaria
