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Proyecto de Ley del Aborto: el mayor atentado a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres desde 1939
El pasado viernes 20 de diciembre, se aprobó el proyecto de Ley del
aborto en Consejo de Ministros, iniciándose así el procedimiento legal
para tramitar el mayor retroceso en materia de derechos sexuales y
reproductivos de nuestra historia. En Febrero se presentará ante un
Congreso con mayoría absoluta del Partido Popular. De esta manera, el
Gobierno ejecuta una de las pocas promesas electorales que ha cumplido,
cediendo ante la presión ejercida por sus bases católicas integristas y
ultraderechistas.
Es necesario recordar que la interrupción voluntaria del embarazo ha
sido una práctica existente a lo largo de la historia. Las mujeres
tradicionalmente han controlado su sexualidad y su reproducción,
utilizando para ello conocimientos ancestrales transmitidos de
generación en generación. Con la llegada de la edad contemporánea, la
opresión patriarcal da una nueva vuelta de tuerca, complementándose con
el sistema capitalista naciente. En ese contexto,
el capital visualiza a la mujer como instrumento reproductor de la fuerza de trabajo y enseguida se da cuenta de la
necesidad de controlar la sexualidad de la mujer en su propio beneficio.
Así, los Códigos Penales de todos los nuevos estados liberales
burgueses recogerán duras penas para la realización del aborto, ante lo
cual la resistencia de las mujeres será inmediata, procurándose
diferentes métodos anticonceptivos y de interrupción del embarazo, así
como iniciando la lucha por el reconocimiento de esos derechos sexuales y
reproductivos.
En el Estado español, el aborto se despenaliza por primera vez en
1936, siendo Ministra de Sanidad la anarquista Federica Montseny. Este
avance legislativo durará poco, al ser derogada la legalidad republicana
por la victoria militar del fascismo. De esta manera, se vuelve a la
criminalización de las mujeres, a la discriminación social y a las
muertes por abortos clandestinos. Con la llegada de la Transición y el
crecimiento del movimiento feminista, se conseguirán grandes avances
debidos a la presión popular. En 1978 se legalizará el uso de
anticonceptivos y en 1985 se consigue la primera Ley del aborto, que
supone un avance, aún a pesar de ser una Ley de plazos que se basa en
tres supuestos legales, negando a la mujer la capacidad de decisión. Una
nueva Ley de plazos, la de 2010, supuso otro paso más en el
reconocimiento de la mujer como sujeto de decisión de la maternidad.
El anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros nos
retrotrae a los años más oscuros del Franquismo, priorizando criterios
religiosos a científicos y eliminando por completo la capacidad de
decisión de la mujer sobre su maternidad.
¿Qué contempla el actual proyecto de Ley?
En primer lugar, el actual proyecto de Ley prevé únicamente dos supuestos legales para interrumpir el embarazo:
- Por un lado, se contempla que cuando el
embarazo sea consecuencia de un delito contra la libertad o indemnidad sexual se podrá interrumpir la gestación
en las doce primeras semanas tras interponer
la correspondiente denuncia.
Este supuesto esconde una doble trampa. Aunque es difícil tener una
cifra exacta, se calcula que entre el 60% y el 90% de las agresiones
sexuales no se denuncian. A su vez, sólo se permite el aborto en esas 12
primeras semanas, como si la violación dejase de constituir un atentado
contra la mujer después de ese plazo.
- Por otro lado, se contempla la interrupción del embarazo
cuando exista un grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer, lo que se entenderá cuando el embarazo produzca un menoscabo importante en su salud, con permanencia o duración en el tiempo,
según los conocimientos de la ciencia médica
en ese momento. En estos casos, la interrupción de la gestación debe
realizarse en las veintidós primeras semanas. Para acogerse a este
supuesto será necesario un
informe previo emitido por dos médicos especialistas
en la patología que genera el grave peligro para la vida o la salud de
la mujer y ajenos al centro donde se practique el aborto.
Este supuesto también esconde una trampa: ¿cómo se bareman los
problemas psíquicos o psicológicos derivados de un embarazo no deseado?
Así, la decisión de interrumpir el embarazo recae en manos de un médico y
no en la propia mujer. Por tanto, se da un nuevo paso en la
medicalización del cuerpo de la mujer, que nos aleja aún más del
autoconocimiento del mismo.
Una novedad que incluye la Ley, es que las mujeres que quieran acogerse a la interrupción legal del embarazo deberán además
, pasar obligatoriamente por un humillante “asesoramiento” personalizado
para que en un plazo de siete días decidan si consienten expresamente
el aborto. De esta manera, se infantiliza a la mujer, haciéndola
reflexionar de nuevo sobre una decisión tomada previamente,
convirtiendo la decisión personal en un juicio por parte de médicos y servicios sociales. Descarada manera de trasladar un confesionario religioso al ámbito civil, buscando generar un sentimiento de culpa en la mujer.
En este “asesoramiento”, los servicios sociales se encargarán por un
lado de explicar que “la vida del no nacido constituye un bien jurídico
protegido por la Constitución” y de realizar un estudio sobre “las
circunstancias concretas de la mujer”, explicándole “las alternativas
existentes a la interrupción voluntaria del embarazo”, como la guarda
administrativa, el acogimiento o la adopción. Por otro lado, los médicos
serán los encargados de informar a la mujer “de los riesgos del aborto
para la salud y la maternidad futura, así como sobre el diagnóstico,
aspectos médicos y psicosociales, y expectativas sobre la salud del
feto”.
A esto hay que sumar que
la malformación del feto ha sido eliminada de la lista de supuestos, mientras que por otro lado el mismo Gobierno realiza un recorte del 46’6% en presupuesto para dependencia en 2014.
Comparando con la actual Ley vigente, la del 2010, 9 de cada 10
abortos practicados serían ilegales. Parece ser que este Gobierno
reaccionario prefiere nacimientos de niñ@s con gravísimos problemas de
salud, en condiciones de miseria o fruto de embarazos no deseados,
aceptando incluso que acaben en un centro de acogida, antes que permitir
a la mujer decidir sobre su cuerpo y su embarazo. Como vemos,
prima la voluntad religiosa-supersticiosa antes que la ciencia y la razón.
Infantilización de las menores de edad
Otra cambio en esta Ley es respecto a la decisión de interrumpir el embarazo de las menores de edad. A partir de ahora,
las menores necesitarán el consentimiento de sus madres/padres o tutores,
siendo prioritaria en caso de desacuerdo, la opinión de la mujer para
la franja entre los 16 y 18, y la de l@s padres/madres o tutoras para
las menores de 16.
Esto es de una hipocresía tremenda, si tenemos en cuenta que hasta
ahora a partir de los 16 años se consideraba la madurez para decisiones
médicas. Por ejemplo, no existe ninguna normativa que impida a un médico
realizar una operación de cirugía estética a una persona menor de edad.
Se infantiliza y se considera a la menor incapaz de decidir el aborto,
pero no la decisión de ser madre.
¿Qué se busca con esta Ley?
Podemos decir que esta Ley va más allá de los criterios moralistas católicos sobre la “protección del feto”, sino que
además
lo que se busca es la victimización de la mujer y la negación de su
capacidad de decidir autónomamente sobre su cuerpo y su sexualidad.
La Ley despenaliza el aborto (aunque todavía no aclara si se podrán
imponer sanciones económicas), considerando a la mujer como “víctima”,
mientras que penalizará con prisión a quiénes faciliten la operación
ilegalmente.
Por otro lado, se añade la
posibilidad de la objeción de conciencia
por parte del personal de los servicios públicos de salud,
introduciendo así criterios no científicos e imposibilitando el acceso
por motivos económicos a muchas mujeres. A su vez, la necesidad de
informe médico en el segundo supuesto, puede conllevar al miedo por
parte de lxs profesionales a firmar esos mismos en casos difíciles de
demostrar (por ejemplo el riesgo psicológico que citamos antes), bajo
la amenaza de prisión. En suma,
ni siquiera bajo los dos supuestos citados el Estado asegura la interrupción del embarazo.
Por último, cabe mencionar que la Ley prohíbe la publicidad de los
centros o de los servicios médicos o de los procedimientos para
interrumpir voluntariamente un embarazo, medida totalmente oscurantista
que hará aún más complicado el acceso al aborto incluso en centros
privados.
Vemos entonces que
la finalidad última de esta Ley es impedir por todos los medios la interrupción del embarazo, especialmente para las mujeres de la clase trabajadora.
Esta Ley es violencia de género. La juventud castellana debe responderla
Desde Yesca, la juventud castellana y revolucionaria, entendemos que
esta Ley es un flagrante ejemplo de la violencia de género que se ejerce sobre nuestros cuerpos y nuestras sexualidades.
Es violencia porque antepone criterios religiosos al conocimiento
científico sobre la reproducción y la sexualidad de las personas. Es
violencia porque niega la capacidad de decisión de la mujer sobre su
embarazo, otorgándole más poder de decisión a sus tutores, médicos y
asistentes sociales que a ella misma. Es violencia al condenar a decenas
de miles de mujeres a cometer abortos clandestinos que ponen en riesgo
su salud y su vida, o bien a recurrir al paso por clínicas en el
extranjero -en caso de tener recursos económicos suficientes- que
garanticen un aborto sin peligro.
Si no queremos ser madres nos obligan. Pero
por otro lado, si queremos ser madres en condiciones de dignididad para nosotras y nuestr@s hij@s no podemos permitírnoslo.
Con un 60% de paro juvenil, con una evidente discriminación laboral y
salarial hacia la mujer, con la evidencia de los despidos por embarazo o
la imposibilidad de compaginar maternidad y vida laboral, ¿cómo
pretenden que seamos madres? Eso sin contar la contradicción evidente al
impedir legalmente la cobertura sanitaria de la reproducción asistida
para modelos familiares disidentes (madres solteras o parejas
lesbianas).
Como jóvenes,
tenemos la obligación de responder la aplicación de esta Ley,
apostando por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y la
de una legalidad que los asegure. Por otro lado, no sólo debemos
esperar a la conquista de esa legalidad, sino que debemos ser capaces de
tomar esos derechos por nuestra cuenta, mediante la desobediencia a la
Ley y la reapropiación de nuestros cuerpos y sexualidades:
- Por una educación sexual integral y científica que barra con sus criterios oscurantistas.
- Por una política que garantice el acceso universal a los métodos anticonceptivos.
- Por la garantía del derecho al aborto libre y gratuito, bajo decisión de la mujer.
- Por la garantía del derecho a ser madres de una manera digna y de la manera que se desee.
Contra el patriarcado y su violencia, ¡empoderamiento y desobediencia!
¡Castilla libre y feminista!
Yesca, la juventud castellana y revolucionaria
